Sí, porque además de que se trata de un imperativo democrático, Rajoy llevaba –pretérito imperfectísimo– en su programa de 2011 la ilegalización de las marcas de ETA.
Tras el atentado de Santa Pola de 2002, donde murieron una niña y un jubilado, el Partido Popular inició los trámites para ilegalizarlas. Y se hizo. Coincidiendo con el juicio a los terroristas que perpetraron aquella salvajada, ese mismo partido ya no quiere saber nada de ilegalizar franquicias etarras y, además, suma a socialistas, Unión del Pueblo Navarro ¡ay! y la antiespaña nacionalista, a un cordón sanitario contra Unión Progreso y Democracia (UPyD), por proponerlo.
Suenan cínicas muchas de las críticas por la supuesta inviabilidad legal de la propuesta de la líder de UPyD, Rosa Díez. La iniciativa magenta tiene la virtud de poner negro sobre blanco el trampantojo, el acuerdo secreto alcanzado por Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero en julio de 2008 en materia antiterrorista. Ese oscuro pacto ha moldeado un paisaje político intransitable, embarrado y afectado por esas incertidumbres judiciales a las que apelan los cínicos que afean la conducta a UPyD.
Socialistas y populares rompieron el jarrón aposta. Ahora exigen airados que nadie agarre el tubo de pegamento para recomponerlo. Sus enjuagues impiden el cumplimiento de esa Justicia que hace poco, cuando el Pacto Antiterrorista, consideraban irrenunciable. Recordemos el bochorno de los ropones del politizado Tribunal Constitucional blanqueando a Bildu. En aquella infamia anduvieron metidos PSOE y PP. Total, que tienen mucha cara.
