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| Al quedar PSOE, PP y UPN evidenciados, tocaba descalificar a la proponente. Eso, una bruja. |
Tras el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola de 2002, donde fueron asesinados una niña ‒Silvia–y un jubilado –Cecilio‒, el PP inició los trámites para ilegalizar el partido de la ETA. Por fin se dijo: “hasta aquí”. Se acaba de celebrar el juicio a los autores de aquella salvajada y ese mismo partido hoy ya no quiere saber nada de ilegalizar franquicias terroristas. Pero es que, además, ha hecho un cordón sanitario con socialistas, Unión del Pueblo Navarro (UPN), y la antiespaña para arrinconar a UPyD, por proponerlo. Por cierto, la ilegalización figura en el último programa electoral de Rajoy. Muchas de la críticas realizadas a Rosa Díez por la supuesta inviabilidad de su propuesta de ilegalización de la ETA del escaño, repugnan por su cinismo. Y es que la iniciativa magenta pone negro sobre blanco el engaño urdido en el acuerdo alcanzado por Rajoy y Zapatero en 2008. Aquel pacto, cuyo contenido nos ocultan, ha moldeado el paisaje político hasta dejarlo intransitable, embarrado y afectado por esa incertidumbre judicial que esgrimen los cínicos para afearle la conducta a UPyD. PP y PSOE rompieron el jarrón y ahora ‒con el lamentable concurso de UPN, no se sabe desde cuándo– se muestran indignados con quien propone usar el pegamento para recomponerlo.
Su bajo politiqueo se opone a una Justicia que, hasta hace cuatro días, cuando el Pacto Antiterrorista, y hasta ayer, que lo reclamaba el PP, era totalmente irrenunciable para un demócrata. Además, recibió el espaldarazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La politización partidista de los ropones del TC al servicio del “proceso” blanqueó a Bildu. Gran representación teatral en eso que llaman la “gestión del fin de la ETA”. ¿Y qué quieren decir cuando hablan de “gestionar el fin de la ETA”? Sin duda, ese difuso sintagma es, como el cerdo, muy aprovechable y, como las navajas suizas, multiusos. Es decir, oculta una trampa, una mentira y sus contrarias. De todos modos, parece dudoso que esa “gestión” consista en enchironar etarras para no sacarlos hasta que canten los nombres de los demás matarifes. Sí, los que chivatearon, ordenaron y llevaron a cabo los 300 atentados que siguen sin resolverse, con sus muertos y heridos, para llevarlos ante la justicia. Así, podrían arrepentirse durante el cumplimiento de su condena, pues el arrepentimiento solo se templa y purifica hasta la verdad mediante la improbabilidad de obtener a cambio impunidad, que es lo que buscan muchos politicastros cuando llaman a las cosas con nombres que no son.
A todas esas víctimas y familiares no se les ha “gestionado” la justicia por su sangre derramada, pues no han visto al asesino de su padre, su hermano, su hija, etcétera, ante un juez. Pero sí ven a Patxi López ‒y a los Patxi de otros partidos‒ lloriqueando en favor de “gestionar” la excarcelación del dirigente etarra Otegi y de beneficios para etarras en general, en un infame empeño de colocar la pelota en el tejado de los demócratas, sin necesidad aparente. La banda no se entrega, no entrega sus armas y permanece amenazante, pero eso no importa. Hay que “gestionarles” impunidad y legitimidad: premio político tras 850 asesinatos. Lo pactado, vaya: a cambio de la promesa de no matar, les han devuelto al pesebre de las instituciones. Y lo de los presos, lo irán apañando con paz de todo a cien, buenismo tóxico y la santísima unidad. De momento, pasta y poder. ¿Podríamos imaginar a nuestro gobierno recibiendo con toda naturalidad públicas encomiendas para que “gestionase el fin” de una banda de narcos que, después de matar al por mayor, no se entregase? ¿La diferencia? El apaño evidenciado, en esta ocasión, por la iniciativa de Rosa Díez, esa bruja, acusan los cínicos.
